El obispo Luis Almarcha fue uno de los «culpables» del traslado de edificios desde su ubicación original, San Pedro de Eslonza, uno de los más antiguos del reino de León desde Santa Olaja de Eslonza y el palacio de los Prado desde Renedo de Valderaduey son algunos de los más importante ejemplos. El arquitecto Juan Torbado fue el ejecutor.
Pero no fue el único, la Diputación de León «obligada a mantener y cuidar el patrimonio monumental de la provincia» según resalta el profesor de la Universidad de León e historiador del Arte, Emilio Morais Vallejo, no sólo no lo hizo, sino que se saltó la legalidad y todas las cartas internacionales sobre restauración del patrimonio. Así ocurrió con la Real Fábrica de Tejidos e Hilados de León.
Una ley de 1933, de la II República, vigente en su totalidad hasta 1955 proscribía «todo intento de reconstrucción de los monumentos» y encomendaba su «conservación por todos los medios de la técnica». La Carta de Atenas de 1931, la Istruzioni per il Restauro dei Monumenti, de 1938, y la carta de Venecia de 1964 son unánimes al respecto: «Un monumento no puede ser separado de la historia de la que es testimonio, ni del ambiente en el que se encuentra», dice literalmente la veneciana.